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En un hecho sin precedentes para la corona española, la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, declarará el sábado ante la Justicia como imputada en un caso de corrupción, en el que también está implicado su marido.

Cristina de Borbón, de 48 años, será interrogada por el juez de instrucción de Palma de Mallorca José Castro, quien marcó una antes y un después en la democracia española al llevar por primera vez a los tribunales a un integrante del núcleo central de la familia real española.

Hace dos años, el magistrado imputó al Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y en abril de 2013 amplió la causa a su esposa, la infanta Cristina, pero la decisión fue anulada gracias a un recurso de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez no desistió y encontró nuevos indicios de delito contra la hija menor del rey, a la que volvió a imputar en septiembre.

Castro atribuyó a la infanta delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal por su condición de copropietaria de Aizoon, sociedad que fue utilizada para desviar parte de los fondos públicos apropiados indebidamente por el Instituto Nóos, la fundación deportiva de Urdangarín y su ex socio Diego Torres.

Según el juez, la hija del rey y su marido cargaron a Aizoon gastos personales para apropiarse de los beneficios de la sociedad que no fueron declarados al fisco.

Los delitos de blanqueo y evasión que se le imputan están penados con hasta 6 y 5 años de prisión, respectivamente. La infanta está citada en los tribunales el sábado a las 10 hora local (6 de Argentina).

En base a informes de seguridad de la policía, el juez decano del tribunal autorizó a la hija del rey a llegar hasta la puerta del tribunal en su vehículo, con lo que evitaría el “paseíllo” ante las cámaras y micrófonos de los numerosos periodistas que cubrirán su declaración.

Aún no está claro si la infanta hará uso de este derecho que se le ha concedido y con el que se la pretende “blindar” de alguna manera del repudio de los manifestantes antimonárquicos que previsiblemente se acercarán a Palma de Mallorca, como ocurrió cada vez que declaró Urdangarín.

Desde que estalló el escándalo de corrupción Nóos, los españoles se han distanciado de la monarquía y ya no apoyan a la institución de forma mayoritaria. Por primera vez son menos del 50%.

El juez español le atribuyó a la Infanta delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal

Además, según las últimas encuestas, la mayoría de ciudadanos creen que la hija del rey recibe un trato de favor.

Lo mismo piensan los partidos de la izquierda parlamentaria, que acusaron al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de ser “la mano que mece” al fiscal del caso, Pedro Horrach, quien se opuso a la imputación de la infanta y acusó al juez Castro de estar “conspirando” contra la hija del rey.

La acusación contra Rajoy se produjo después de que el jefe del Ejecutivo afirmó en una entrevista televisiva que estaba “convencido de la inocencia de la infanta” y que “las cosas le irán bien”.

Tras su última imputación, la infanta resolvió no recurrir la decisión y acudir a declarar de forma voluntaria para demostrar su “inocencia”.

El fiscal tampoco recurrió, pero cargó con dureza contra el magistrado, quien -en su opinión- elaboró una “tesis inculpatoria” en base a una “absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa” de informes tributarios.

El caso de corrupción Nóos se ha convertido en una verdadera pesadilla y amenaza para el rey Juan Carlos de Borbón, quien había visto con muy buenos ojos la llegada a la familia de Urdangarín, un ex jugador de handball, en 1997.

El perfil del reconocido atleta, ganador de medallas olímpicas y de familia aristócrata vasca, era perfecto para la hija menor del monarca, la primera en obtener un título universitario y en hacer una carrera profesional exitosa al margen de su actividad institucional.

Ambos se instalaron en Barcelona y fijaron residencia en el Palacio de Pedralbes, actualmente embargado. Desde 1993, Cristina trabaja para la Fundación La Caixa, que en agosto la trasladó a Ginebra en medio de la presión judicial.

A pesar de la situación en la que se encuentran y a los rumores de separación, los Duques de Palma se mantienen unidos desde que estalló el escándalo.

En sus declaraciones ante la justicia, Urdangarín siempre desvinculó a Cristina de la Fundación Nóos, institución que entre 2003 y 2006 presuntamente se apropió de más de seis millones de euros de los gobiernos balear y valenciano, en manos del gobernante Partido Popular (PP), a cambio de la adjudicación de contratos sin que mediara concurso alguno.

Sin embargo, el juez Castro considera que la infanta fue cómplice de su marido y que su participación en Aizoon fue clave ya que tenía como objetivo “tener un escudo frente a Hacienda” para no ser investigados.

La defensa insinúa que la hija del rey pudo haber sido engañada por Urdangarín, ya que siempre actuó “por amor a su marido”, según aseguró recientemente uno de sus abogados.

Esta estrategia puede jugarle en contra, puesto que el ex socio de Urgangarín, Diego Torres, está empeñado en demostrar lo contrario, que no sólo Cristina estaba al tanto de los negocios de Nóos, sino también la Casa Real y el propio monarca.

La fiscalía, si bien se opone al proceso contra la infanta, solicitará más de medio millón de euros en concepto de responsabilidad civil en caso de que Urgangarín sea condenado, ya que reconoce que obtuvo fondos ilícitos del Instituto Nóos, revelaron hoy fuentes judiciales.

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